Los límites de la democracia II: España

La construcción de las identidades políticas en occidente surge como un proceso de identificación de grupos de personas que se consideran iguales o equivalentes ante la presencia de un tercero que en esencia no es diferente, pero que es excluido de la comunidad como aquel que no permite que el colectivo alcance la plenitud que en teoría le es reservada por la historia al grupo humano en proceso de construcción identitaria.

Así, la construcción de las identidades nacionales en Europa pasó por un proceso de identificación de las comunidades imaginadas como homogéneas, a través de un proceso despiadado de destrucción de las identidades regionales diferenciales al interior del Estado, y con un guerrear constante con las otras naciones europeas que no le permitían incorporar en su interior a todos los grupos humanos considerados parte de la nación en proceso de construcción.

Este proceso no fue homogéneo, pues mientras que en Francia se destruyeron en la práctica todas las identidades nacionales diferentes a la francesa, en países como El reino Unido, España y el fenecido Imperio Austro Húngaro, se conservaron identidades nacionales hoy llamadas periféricas y que supuso la existencia de estados más o menos descentralizados que tendieron a conservar procesos políticos, sociales, económicos y lingüísticos propios en las naciones no dominantes.

Este proceso, al mismo tiempo tuvo que ser compatibilizado con la construcción de sociedades democráticas durante los siglos XIX y XX, donde la construcción del capitalismo burgués y la necesidad de contar en los conflictos armados con ejércitos nacionales no mercenarios, llevaron poco a poco a la liberación del derecho de voto y al empoderamiento de las masas como agentes de cambio dentro de los estrictos límites de la legalidad de las sociedades burguesas.

Esa compatibilización, irónicamente, tendió a reforzar el poder del nacionalismo, pues la democracia se convirtió en una herramienta de clara identificación del tercero excluido al construir una exterioridad donde quien no es pueblo no solo no tiene derecho a votar sino que es al mismo tiempo una reserva idónea para hace uso en tiempos de crisis como cabeza de turco, siendo fácilmente convertido en ese tercero que contamina la identidad nacional y no permite la plenitud del pueblo

Así, las democracias son fundamentalmente espacios nacionales más o menos cerrados, donde conviven diferentes tipos de personas cuyos derechos dependen de la adscripción nacional que posean; aunque hay que reconocer que casi todas permiten la adquisición de la nacionalidad si se cumplen unos requisitos más o menos exigentes. 

Por supuesto, los retos de los espacios nacionales donde no conviven diferentes nacionalidades tienen unos problemas políticos más simples que siguen el eje tradicional izquierda - derecha, y el enemigo nacional suele ser extranjero, mientras que los estados donde conviven diferentes naciones suelen combinar problemas derivados de este eje con problemas específicos del eje nacional, lo cual hace más complejo el espacio político y añade dificultades, retos y oportunidades que han sido afrontados por los Estados de maneras diferentes, teniendo en cuenta su historia particular y las necesidades políticas del momento.

Así, en el caso del Reino Unido, se pueden distinguir dos reacciones absolutamente contrapuestas al problema nacional, pues no es lo mismo su muy democrática reacción frente a la demanda escocesa de hacer un referéndum de autodeterminación que su brutal reacción contra la solicitud de la minoría católica de Irlanda del Norte de adelantar un proceso democrático que lleve a la unión de Irlanda; diferencias que tienen una clara explicación en su desarrollo histórico, pues mientras que Irlanda fue una colonia y siempre se le trató así, Escocia fue una nación diferente cuya unión fue producto de una operación dinástica donde el rey de Escocia devino en rey de Inglaterra en una unión personal que conllevó una construcción política respetuosa de la diferencia nacional escocesa. 

En el caso específico de España, el proceso de construcción nacional desarrollado según el modelo austro húngaro de convivencia entre diferentes nacionalidades con una corona común fue abruptamente interrumpido por la sustitución dinástica con el advenimiento de Felipe V (Borbón) en 1701 y la consiguiente guerra de sucesión española que finalizó en 1714 y conllevó la destrucción del modelo federal vigente y su sustitución por un modelo centralista de predominio castellano que procuró ahogar los nacionalismos periféricos según el modelo francés.

Este proceso de sustitución nunca fue completo, pues al menos 3 nacionalidades diferentes a la española siguen vigentes en la actualidad; tanto el País Vasco como Cataluña y Galicia mantienen una identidad diferenciada que incluye no solo una cultura diferente sino una lengua propia que ha permitido potenciar su particularidad histórica; lo cual se ha acompañado por un intento más o menos continuado del estado español por extirparlas para garantizar su estabilidad (que, por supuesto, solo era puesta en cuestión por estas regiones debido al afán de extirpar su identidad propia).

Este proceso histórico es además agravado por la dictadura franquista, pues mientras los estados de la Europa Occidental estabilizaban sus regímenes democráticos después de la segunda guerra mundial y desarrollaban instituciones democráticas con poblaciones educadas en la diferencia y en la solución pacífica de los conflictos políticos; España desarrollo un sistema dictatorial donde las instituciones estaban al servicio de un proyecto político totalitario que tenía como finalidad el mantenimiento de su unidad y de los principios ideológicos del franquismo.

Ahora bien, este es un proceso que terminó hace más de 40 años y que dio origen a una constitución muy avanzada y a un sistema político descentralizado y en la práctica federal, donde sin renunciar a la unidad de España se dio reconocimiento a los nacionalismos periféricos y se les dotó de herramientas legales para desarrollar sus propios proyectos políticos, educativos y nacionales; proceso que ha potenciado las identidades periféricas y mixtas, con una compleja red de lealtades políticas; sostenido por un rápido mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar económico que ocultaba las pulsiones latentes capaces de producir enfrentamientos políticos de primer orden.

Este arreglo tenía un límite más o menos informal: no se podía poner en cuestión la unidad de España por cuanto fue una de las concesiones que le arrancaron las élites franquistas y el ejército a los políticos que encabezaron el proceso de transición, y que ha sido resumida brillantemente por Pilar Rahola cuando cuenta su conversación con Juan Carlos I sobre la problemática catalán: el Rey emérito le dijo que no se olvidara que él contaba con el ejército y que le prometió a su padre (y me atrevo a pensar que a Franco para que lo entronizara como su sucesor) mantener a toda costa la unidad de España.

Por ello, la forma en que se afrontó el conflicto vasco y la lucha con ETA auguraba de entrada que sí bien es cierto la nación española renunció a los principios ideológicos del franquismo e hizo una transición ordenada y modélica a una democracia moderna, no renunció al otro pilar que sostenía el régimen franquista: la unidad española como ethos fundante del quehacer político. 

Esto se hizo evidente no tanto durante los años de la guerra brutal contra el terrorismo etarra, sino cuando el aparato político de la izquierda arbelatze (empujado por la ley de partidos que le negó la posibilidad de presentarse a las elecciones en tanto no se desligara de la violencia de ETA) empezó su paulatino alejamiento de la justificación de la lucha armada como mecanismo legítimo de lucha política, pues se le siguió (y se le sigue) negando legitimidad para representar normalmente a sus electores y se le sigue persiguiendo por delitos relacionados con una banda extinta y que previamente llevaba años sin ser operativa.

Así las cosas, y como quiera que la combinación de represión policial y judicial, así como la asfixia política del entorno etarra fueron suficientes para destruir el MVLN y desarticular a ETA, la derecha española pretendió recurrir a los mismos mecanismos para someter las ansias independentistas catalanas, dejando en manos de los jueces la gestión de una lucha política a la cual renunció para potenciar sus ganancias electorales en el resto de España.

Esto supuso un error enorme, pues la legitimidad del uso policial y judicial para resolver el problema vasco estaba íntimamente asociado al uso del terrorismo por parte de ETA; algo que al estar ausente en la problemática catalana hacía imperativo el uso de figuras políticas para contener el conflicto y encausarlo a partir del marco constitucional.

Por ello, el fallo del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, la reacción exclusivamente judicial sobre la gestión del referéndum de independencia y la posterior represión judicial contra sus líderes no ha producido una reducción o neutralización del conflicto sino una agudización del mismo, pues amplias capas de la población catalana no entienden por qué un conflicto político que ha sido democrático y pacífico debe terminar con personas encerradas y amenazadas con largas penas de prisión que, de cumplirse las peores expectativas, los tendrá en prisión tanto tiempo efectivo como a los sanguinarios líderes de ETA.

Esto por supuesto enfrenta una paradoja irresoluble: al mismo tiempo se encuentra un déficit político (y por tanto democrático) en la forma en que se enfrenta el tema catalán, sin que se pueda negar que el uso mismo de los tribunales es democrático, y que no se puede pretender que una democracia no juzgue aquellos hechos que ponen en riesgo su estabilidad y que están enmarcados dentro de posibles conductas punibles en el Código Penal.

Esta paradoja no se puede resolver desde lo judicial, claro, sino desde lo político. España debe encontrar los equilibrios políticos necesarios para poder dar una solución política que corre el riesgo de cronificarse y poner en entredicho su carácter democrático. Esta solución no pasa, necesariamente (aunque yo creo que es la mejor solución), por aceptar un referéndum, pero si por un rediseño institucional que le permita dar salida a las quejas de los catalanes y que le permita recuperar su prestigio y cariño en todos aquellos catalanes (hasta el 80%) que se consideran al menos parcialmente españoles.

Este proceso solo será posible con una Segunda Transición, donde se abandonen completamente las salvaguardas franquistas y se establezcan equilibrios políticos suficientes que permitan el extirpamiento de todos los grupos de poder que resguardan esas salvaguardas; sin que ellos suponga una purga de los elementos conservadores de las diferentes entidades del Estado Español.

Este no es un proceso fácil, y menos cuando existen amplias capas de la población española dispuesta a aplastar los nacionalismos perífericos y una élites madrilistas que irresponsablemente coquetean con la extrema derecha española para mantener su poder dentro del estado español, del cual derivan su prestigio y riqueza.

La pregunta que surge al final, es sí los elementos democráticos del estado español tienen la fuerza suficiente para realizar este proceso, o sí la extrema derecha española arrastrará a España a una democracia iliberal como la Hungría de Orbán